ONU investigará irregularidades de las FAES y CICPC en Lara

Euseglimar González | LA PRENSA de Lara - La Misión de determinación de hechos asignada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU iniciará en Venezuela el próximo año, durante el mes de enero y según Marino Alvarado, miembro de Provea, la organización investigará cuatro grados de delitos de lesa humanidad: ejecuciones, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias, pero detalló que en Lara se debe hacer énfasis durante esa fase de investigación. 

"Deben investigar las ejecuciones de las FAES en Lara, pero también las que realiza el Cicpc porque se ha visto cómo compiten para ver quién genera más muertos", comentó Alvarado.

Para Alvarado, Lara debe estar entre la lista de los estados que se investigarán casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, pues a su juicio es un estado en donde las FAES actúa con mayor letalidad contra "sus víctimas", asegurando que además de "matarlos" humilla a sus familiares. 

"Las FAES son una máquina del terror para los sectores populares", dijo a LA PRENSA el defensor de los derechos humanos. 

Alvarado recordó el reciente informe publicado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde instó a Nicolás Maduro a disol-ver las Fuerzas de Acciones Especiales, pero aseguró que Maduro les dio más fuerza.

El también abogado detalló que hasta el tercer trimestre del año este cuerpo policial registró alrededor de 164 muertes sólo en Lara. Pidió a la misión de la ONU que deben investigar desde el gobierno regional hasta la cadena de mando, para que "cuando se tenga que hacer justicia todos estén sentados en la silla de los acusados".

"Si el Gobierno les niega la entrada, ya ellos tienen experiencias en cómo hacer investigaciones. Muchas veces han tomado los testimonios de las víctimas a través de videoconferencias o en países fronterizos", aseguró Alvarado.

Rechazan Misión

El Gobierno de Nicolás Maduro rechazó que una misión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU investigue presuntos delitos contra las garantías fundamentales de los venezolanos ocurridos en el país durante los últimos años.

En un comunicado a través de la Cancillería de la República, el gobierno nacional rechazó la conformación de la misión, que pretende investigar las violaciones contra los Derechos Humanos. La misiva señala que pretende injerir en la soberanía del territorio venezolano.

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