Presos políticos en Lara son acusados de terrorismo

Ana Uzcátegui | LA PRENSA de Lara.- Una película de terror es lo que vive Melángela Cañizález desde el sábado a las dos de la tarde, cuando por medio de una llamada telefónica se enteró que su hijo, Alejandro Querales (20), fue detenido por funcionarios de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI), de la Policía Nacional Bolivariana, mientras participaba en una manifestación política en la avenida 20 con Vargas.

"Esta vez no me dijo que iba a marchar. En dos ocasiones había asistido a las protestas opositoras con unos vecinos, pero regresaba sano y salvo. Ahora está detenido en el Desur y no lo he podido ver. Sólo pude escuchar su voz sólo tres minutos por teléfono. Me dijo que estaba bien, pero yo sé que está golpeado. Testigos me contaron que los policías le pegaron varias veces en la cabeza con los cascos para doblegarlo", expresó hecha un mar de nervios Cañizález.

El joven Alejandro José Querales, es una de las cuatro personas detenidas el 16 de noviembre. Miguel Rangel (19), Daniel Giménez (19) y Yaloha Torrealba (20), le hacen compañía en el Destacamento de Seguridad Urbana (Desur), de la GNB en la avenida Morán. Todos corrieron con la misma suerte cerca de la 1:30 de la tarde del sábado, cuando pasaban por la avenida Vargas.

"No entendemos cómo si estos muchachos fueron detenidos por la BRI estén recluidos en el Desur. El procedimiento se torna irregular cuando quienes pretenden presentarlos ante el Ministerio Público son funcionarios de la Guardia Nacional", indicó Abraham Cantillo, coordinador del Foro Penal en Lara.

El jurista informó que desde el pasado miércoles, esta ONG ha contabilizado seis detenciones políticas. Dos personas están siendo procesadas por el delito de terrorismo tras ser señalados por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, de tener un arsenal militar. "Jaiker Hernández (33), fue detenido en barrio El Carmen y José Ochoa (56) en La Ermita, Quíbor. Los culpan por tener en sus viviendas armas tipo FAL, bombas molotov, granadas, franelas y gorras de Voluntad Popular, pero sus esposas aseguran que no pertenecen a la organización política, ni portaban material subversivo. La BRI alega que son personas con antecedentes penales, uno por robo en el 2003 y otro por extorsión en el 2017, pero ya cumplieron su condena, tener antecedentes no es un delito ", puntualizó.