57 Familias denuncian ejecuciones extrajudiciales de las FAES

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José D. Sequera | LA PRENSA de Lara - Las actuaciones policiales de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en Lara son cuestionadas por las familias de 57 de los 272 muertos a manos de estos funcionarios pues aseguran que en realidad se trataron de "ajusticiamientos extrajudiciales o asesinatos" y no "presuntos enfrentamientos" a tiros.

"Ellos (las FAES) me dijeron que tumbarían la puerta de mi casa si no les abría. Dormíamos con dos niñas porque era de madrugada. Mi hijo había caído preso pero por un delito menor y me lo mataron, no les importó nada y me lo mataron", repetía desesperada Amelia Colmenárez, madre de Ernesto Álvarez (26), muerto el 15 de mayo en un terreno abandonado de la UCLA en Lomas de Tabure, municipio Palavecino tras una acción de este cuerpo adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), creado en julio de 2017 por orden del presidente Nicolás Maduro y que tuvo su primera acción en la entidad la madrugada del pasado 14 de agosto de 2018.

Entre sollozos, la señora reveló que a su hijo, conocido como "Tico", lo "habían matado" porque, supuestamente, tenía solicitud a nivel nacional por hurto, robo y desvalijamiento de casas en el sector. La denuncia que hizo esta mujer se une al medio centenar que contabilizó LA PRENSA en sus registros diarios y donde señalan que los funcionarios de las FAES violan derechos humanos y leyes nacionales. 

El testimonio de Colmenárez junto a los otros 56 poseen similitudes generales, como la llegada de los policías en horas de la madrugada o medianoche a la casa del supuesto delincuente. Luego de eso, los funcionarios portando armas de alto calibre se llevan a la persona a un sitio bastante alejado. Otro modus operandi que coinciden en los registros de este medio es que en vez de llevarse a la víctima de la casa, son sus familiares quienes son sacados, a veces a la fuerza, por los funcionarios y son "abandonados" en lejanos lugares, indicándoles que deben ir hasta la sede de las FAES en Colinas de Santa Rosa en busca de información, pero de ahí suelen ser remitidos al Hospital Central donde les informan que su familiar cayó muerto en un tiroteo.

Las Faes Lara 2019Infogram

Desde su llegada a Lara hasta octubre de este año, las 57 denuncias realizadas públicamente por familiares de abatidos ante medios de comunicación son totalmente opuestas a la dada por las FAES, en la que se indica que el "enfrentamiento" ocurrió después los "delincuentes abrieran fuego contra una comisión después que se le diera la voz de alto".

Planteamientos no fueron escuchados

Estos mismos patrones fueron denunciados por la titular de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet después de su visita a Venezuela, ocurrida entre el 19 y 21 de junio de este año, recomendando a la administración de Maduro la disolución de este cuerpo policial, cuestión que todavía no se ha cumplido.

"Mi oficina no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno", señaló Bachelet en septiembre.

De acuerdo al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, aceptó en una entrevista televisiva que a nivel nacional existen "muchas" denuncias contra las FAES pero "que no son las más numerosas".

Sin embargo, durante las recientes ferias de Barquisimeto confirmó que hasta esa fecha en Lara habían llegado 11 denuncias formales contra las FAES hasta la sede regional de ese poder público por presuntos ejecutamientos extrajudiciales, indicando que aún se mantienen abiertas las investigaciones.

Miedo se cierne

"El desconocimiento de la ciudadanía sobre donde realizar las denuncias, el nivel de pobreza extrema de las víctimas, el miedo a la extorsión y a la intimidación por parte de los funcionarios son las principales razones por las que familiares de víctimas de las FAES evitan hacer denuncias ante el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo", expresó el director de Provea, Marino Alvarado sobre el porque el número de denuncias contra las FAES son bajas en comparación al total de abatidos.

Para Marino, cuando los familiares de un abatido deciden realizar una denuncia, prefieren hacerla pública que iniciar un proceso legal porque "limpiar la imagen" de la víctima es lo primordial para ellos. "Ellos entienden que en el país existe la impunidad y es probable que legalmente no haya un desenlace favorable", apuntó.