Ley de Salud Mental Comunitaria estado Lara (segunda parte)

LA PRENSA DE LARA.- Exposición de motivos. 

Los problemas de salud mental han ido adquiriendo cada vez mayor relevancia a nivel mundial. Un indicador de la magnitud de este fenómeno es que el Foro Económico Mundial de Davos ya lo sitúa como el sexto riesgo global para el 2022, indicando que este es uno de los problemas que más se ha acentuado desde inicios de la pandemia de Covid-19, ocupando por primera vez un puesto entre los 10 riesgos principales para la población mundial. Refiriendo que existe una "omnipresencia" de los padecimientos de salud mental, que impacta "gravemente" la calidad de vida, el bienestar, la cohesión social y la productividad, considerando como factores causantes de este deterioro, el aislamiento, la desvinculación social, y el menoscabo de las condiciones generales de vida recrudecidas por la pandemia, que ha derivado en el aumento de las sintomatologías ansiosas y depresivas, el estrés y las demencias

En concordancia con estos señalamientos organismos internacionales como la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han alertado sobre el aumento de los problemas de salud mental en el mundo entero y su exacerbación por causa de la pandemia. En la alocución de apertura del director general de la OMS en la 150.ª reunión del Consejo Ejecutivo, del 24 de enero de 2022, se hace referencia a como los padecimientos de salud mental y las dificultades de los Estados para dar respuesta a las creciente necesidades surgidas en este respecto, serán un problema prioritario para las naciones. Señalando además que, en gran medida, los factores que inciden en el recrudecimiento del problema se encuentran en las condiciones precarias de vida de gran parte de la población y a las desigualdades e inequidades económicas, sociales, de género, entre otras, propias de los modelos de sociedad hoy existentes. A este respecto, es esencial resaltar que la salud mental de las personas se encuentra particularmente afectada por factores sociales y económicos. La evidencia empírica, clínica y fenomenológica indica que la imposición de estilos de vida consustanciados con los modelos de producción y desarrollo como los hoy vigentes, la acelerada tecnificación y virtualización de la vida humana que ha transformado los ritmos y modos de vida habituales, la ausencia de tiempos de ocio y disfrute, las dificultades para compaginar la vida personal, familiar y laboral, la perdida de vínculos sociales y comunitarios, la autoexigencia y la hiperresponsabilización individual, las condiciones laborales precarias, el estrés laboral, el desempleo, la ausencia de seguridad alimentaria y social; son factores preponderantes en la proliferación de problemas de salud mental. 

Estas son circunstancias ya presentes en nuestras sociedades, pero que con el desarrollo de la pandemia se han visto exacerbados en todo el mundo, por lo que la proyección de todos los organismos internacionales y nacionales en esta materia, indican que los padecimientos de salud mental se ubicarán entre los principales problemas de la población y de los gobiernos a corto, mediano y largo plazo. Venezuela no escapa a esta realidad mundial, que sumada a la conflictividad económica, social y política, a las que se ha visto sometido el país en la última década, ha generado problemas en distintos niveles del sistema sanitario-asistencial tradicional, que han derivado en un conjunto de dificultades para atender de forma adecuada y eficaz las demandas de la población en el ámbito de la salud en general y de la salud mental en particular, planteando un panorama crítico para consolidar un sistema de protección gratuito y universal. Un problema que se hace cada día más evidente, pero que contradictoriamente resulta ser de los menos atendidos, con menor presupuesto y con una formación y capacitación del personal especializado que fundamentalmente se decanta por un modelo de atención individual y privado, costoso para el Estado y para la población en general. El estado Lara, forma parte de la región centro-occidental del país, y al igual que otros estados de Venezuela, ha experimentado los rigores de la crisis social, económica y política que ha marcado el devenir de la población en años recientes, lo que ha incidido significativamente en la disponibilidad adecuada y suficiente de recursos materiales y humanos en el área de la salud y muy especialmente en lo concerniente a la salud mental, que ha sido relegada a un plano subalterno frente a la emergencia generada por el COVID-19 y que por esta misma circunstancia, al igual que en mundo entero, se ha venido revelando como un grave problema de salud pública, que se evidencia en el aumento de los casos que acuden a consultas públicas o privadas de los servicios de salud mental con sintomatologías como la ansiedad y la depresión, el aumento en el consumo de sustancias adictivas legales e ilegales, el suicidio, la violencia de género, intrafamiliar e infantil y el deterioro de las redes familiares y comunitarias de cuidados de personas con diferentes condiciones de vulnerabilidad. 

Todo esto ha afectado particularmente a grupos vulnerables (niños, niñas y adolescentes), personas de la tercera edad, mujeres, personas de la comunidad LGBTIQ+, desempleados, personas con empleos precarios, con enfermedades crónicas y con diagnósticos de trastornos mentales, entre otros) que se ven constantemente sometidos a los prejuicios, la estigmatización y la violencia de diferentes tipos y niveles, sin contar en sus espacios cotidianos de desenvolvimiento (comunidades, centros educativos y espacios laborales), con sistemas próximos y accesibles para la protección de su integridad física y mental, obligándoles en la mayoría de los casos a acudir a espacios de atención y tratamiento que resultan escasos u onerosos, casi inaccesibles para la mayoría de la población que no cuenta con recursos económicos suficientes para acceder a consultas privadas y a medicación altamente costosa, o a esperar por semanas o meses en largas listas de espera en los centros públicos de atención. En este sentido, la presente ley busca la transformación progresiva del sistema tradicional asilar-manicomial de atención a la salud mental, por un modelo de atención asistencial, comunitario y garantista de los derechos humanos en el ámbito de la salud mental, en concordancia con los avances científicos en el área, las directrices de los organismos internaciones y las leyes venezolanas que consideran a la salud un derecho social fundamental y parte del derecho a la vida. Busca así mismo asentar las bases legales para la puesta en práctica de un sistema complementario y comunitario de salud mental, que se ancle a las necesidades sentidas de los territorios y sus comunidades como centro de organización territorial y humano, que privilegie la prevención, la promoción y la atención primaria, más allá de los centros de atención individual, públicos o privados; desarrollando en los espacios naturales y cotidianos de desenvolvimiento de la población, nuevas y creativas formas de acción y de atención a la salud mental de la población.

Por: Gilberto Barreto 

*La Prensa de Lara no se hace responsable de las opiniones emitidas en los artículos cuyo contenido es de entera responsabilidad de sus autores*. 

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