Imposición de tributos aniquila crecimiento económico del país
Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Como una política inconstitucional que va en contra de la posibilidad de que se formalicen las pequeñas y medianas empresas que están surgiendo por el emprendimiento, y en contra del ciudadano de a pie, catalogaron los gremios productivos del país la Reforma de Ley de Registros y Notarías que aprobó la Asamblea Nacional controlada por el PSUV el pasado 21 de diciembre de 2021, donde se impone el pago de los trámites en el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), anclados al Petro, cuyo valor de una criptomoneda este jueves 27 de enero fue de 257,97 bolívares que representan 56,32 dólares, según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).
"En lo que va de enero 2022, ha habido dos leyes que van en contra del sector privado: la prórroga de la exoneración de aranceles a las importaciones de productos terminados, y la Ley de Registros y Notarías. Esta última no tuvo discusión pública ni con gremios ni con colegios de profesionales, no tuvo ningún estudio económico que amparase que estas tasas se podían pagar, y porque se está haciendo a través del Petro, lo están tomando como unidad de valor y es un criptoactivo, eso no está en la Constitución. La Constitución dice que deben ser fijados los precios en Bolívares y fijó para ello la unidad tributaria, aunque estamos de acuerdo que había que actualizarla", exclamó Luigi Pisella, presidente de Conindustria.
Sostiene que las tasas que se imponen incentivan los negocios ilegales. "Se habla de nuevos emprendimientos y que los van a apoyar, pero esta ley no favorece a los nuevos emprendimientos porque pagar y ponerse al día con el registro de una sociedad o compañía jurídica es cuesta arriba. Pero no sólo para ellos, para registrar un acta, cuando haya que registrarla una vez al mes, cuando haya un cambio de junta de condominio o cuando tengamos que hacer una venta de un vehículo o pedir que revisen de un inmueble para la venta hipotecaria, todo esto está lejos de la formalidad, la estamos ahuyentando. Se deben sincerar los servicios, pero no de la manera como lo están haciendo", refirió.
El primer vicepresidente de Fedecámaras nacional, Adán Celis, rechazó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, pretenda generar más recaudación fiscal a través del estrangulamiento de los pequeños y medianos empresarios y de la colectividad con leyes de este tipo, valiéndose de que Venezuela siga registrando una diezmada producción petrolera que apenas alcanza los 700 mil barriles diarios.
"La solución que encuentra el Gobierno es que en vez de procurar que hayan más empresas, lo que está haciendo es acabando con las pocas que hay. Es como la vaca, usted tenía una vaca que daba queso, leche, carne, esa vaca se estaba poniendo flaquita y ahora está en los huesos, y en vez de tratar de recuperar la abre para comerse las vísceras. Lo que hay que hacer es multiplicar las empresas, pero quieren anclar al Petro los trámites por un lado, seguirle cobrando más impuestos a los empresarios que quedamos, que seguimos produciendo empleos, productos, valor agregado, pero no le cobramos impuestos a los productos importados que lo que hace es generar empleos afuera. Ese modelo hay que cambiarlo", enfatizó Celis, quien también fue presidente de Conindustria hasta 2021.
Acción aberrante
Según Fedecámaras, el año pasado hubo un tímido incremento del 5% de la economía, sólo pudieron crecer algunos sectores económicos y en zonas específicas del país.
"Por ejemplo, en el sector construcción podemos ver que hay zonas muy específicas con crecimientos y construcciones muy tímidas. En el sector comercial, estos establecimientos (bodegones) que están apareciendo son muy pocos en relación con la realidad de Venezuela. Cuando estamos hablando de estos crecimientos es en base a nichos específicos. No podemos crecer en base a nichos, tenemos que buscar que el crecimiento sea general en todos los sectores económicos y en todas las regiones del país", dijo.
Argumenta que después de que se haya contraído en más de un 80% el Producto Interno Bruto (PIB), en los últimos siete años, el crecer en 2021 apenas un 5% representa un rebote económico. Sostiene que para recuperar el tamaño de la economía de 2013, el crecimiento anual debería ser de 25%. Sin embargo, cree que si el Ejecutivo nacional sigue incentivando la importación de productos terminados que no pagan impuestos aduaneros, ni IVA y las alcaldías del país tampoco presionan esos negocios para que cancelen impuestos municipales, las expectativas de una mejoría económica perdurable en el tiempo son muy pocas.
"Los productos importados van a cumplir cuatro años en julio. Ellos no pagan IVA, yo consideraría esta medida como una aberración. En segundo lugar, no pagan los tributos, están protegidos. Se están protegiendo las importaciones, esas empresas en esos países, a los trabajadores y al poder adquisitivo de esos países. A nosotros se nos exigen más tributos, se nos aumenta la tasa. Eso tiene que cambiar. No estamos en contra de que entren al país los productos importados, lo que queremos es competir con las mismas condiciones", apuntó Luigi Pisella. Considerando que en el país las empresas producen enfrentando un racionamiento eléctrico, pagando en muchas ocasiones el precio del combustible en el mercado negro y habiendo soportado una cuarentena bajo el esquema 7+7.
Alcaldías deben revisar impuestos
Tiziana Polesel, presidenta de Consecomercio, argumentó que está pasando un problema a nivel nacional que tiene que ver con el precio de los impuestos y tributos que imponen las alcaldías, sobre todo para servicios como el aseo urbano.
Afirma que ha sido un exabrupto que se impongan tarifas del servicio de aseo como si se tratara del primer mundo, considerando que la modalidad para tarifar el aseo la hacen por metro cuadrado del comercio o la industria, aún cuando las empresas estén operando al 20% de su capacidad instalada.
"El problema del aseo no se circunscribe al nombre de una empresa privada de recolección de desechos sólidos, eso es un problema nacional. Hay que sentarse a hablar, las zonas más afectadas son Lara, Nueva Esparta y la Gran Caracas, pero insisto, el problema es idéntico cuando la empresa es privada o la alcaldía es la que maneja el problema de los desechos, es un problema que estamos pretendiendo cobrar el aseo como si fuera de primer mundo, que está funcionando el país perfectamente. Un servicio para que sea bueno hay que pagarlo", enfatizó.
Afirma que los gremios empresariales en las regiones están procurando encuentros con alcaldes y gobernadores electos para que los escuchen, analicen sus estructura de costo y se puedan armonizar realmente los tributos.
"Se habló de una estrategia de armonización tributaria, estrategia que en un inicio tampoco produjo el resultado adecuado porque los tributos es necesario llevarlo a la racionalidad, es decir, es como punto de partida adecuarlos al poder adquisitivo de la población. Una Ley de Notarías y Registro donde se esté tasando una operación comparándonos con otro tipo de países, donde los salarios mínimos rondan los 200 y 300 dólares es una irracionalidad, porque eso además atenta contra la propiedad privada de ese señor que tiene una moto y la quiere vender", comentó.
Sostiene que en algunos estados, empresas que estaban formalmente constituidas están quebrando porque no pueden pagar los servicios ni los impuestos municipales por los incrementos.
Transar en dólares fue un alivio
Adán Celis, primer vicepresidente de Fedecámaras, informó que si en el 2021 el país salió de la hiperinflación fue porque se impuso una dolarización de facto en la economía, ante la pérdida del valor del Bolívar.
"Lo que ha habido es una dolarización desde el punto de vista de transacciones y no desde el punto de vista legal. Por supuesto, que cuando el venezolano empieza a tener sus ahorros en una moneda dura que no se le hace agua, evidentemente hay un efecto que tiende a rebajar la inflación. Pero esa mejoría debe venir acompañado de un cambio estructural del marco jurídico, porque aquí no ha habido ni un solo cambio de una ley, pero siguen existiendo 130 leyes que lo que hacen es no permitir que haya un proceso de libertad económica o de expansión de la economía, que invite al país a las inversiones tanto extranjeras como nacionales. Que se produzca esa palabra que tanto ansiamos, que se llama confianza", refirió.
Una de las leyes que deben derogarse es la Ley de Costos y Precios Justos.
Sector requiere de créditos bancarios
Adán Celis, primer vicepresidente de Fedecámaras, informó que existen más de 3.500 millones de dólares que están encajados en el BCV, que a su criterio deberían estar a la orden de la producción y el crecimiento del país.
"Un país sin crédito es un país que no va a crecer nunca, un país no puede crecer únicamente a pulmón de cada persona. Eso es un país que va a terminar siendo miserable, pequeño. Necesitamos recuperar el crédito", exclamó.
Por su parte, Luigi Pisella, de Conindustria, señaló que el sector privado aporta 532 mil empleos y que en los últimos siete años se han perdido un millón de puestos laborales.
En 2021 decreció el sector público
Los sectores productivos alegan que el único crecimiento que se registró en 2021 lo tuvo el sector privado, mientras que los trabajadores de instituciones públicas siguieron renunciando por bajos salarios.
"El Estado debe revisar la Ley del Trabajo en cuanto a la retroactividad de las prestaciones sociales, porque existe una gran informalidad en la remuneración de todos ellos, eso hay que formalizarlo. Si se formaliza en vez de pagar todos esos bonos que se están pagando vía carnet de la Patria, puede recaudar más porque todo estaría concentrado allí", comunicó Luigi Pisella, presidente de Conindustria.
Se abre ruta para el turismo
Leudo González, presidente de Conseturismo, informó que el sector creció en comparación con el primer año de pandemia que fue restrictivo a nivel mundial. Afirmó que el Gobierno nacional ha incentivado el ingreso de turistas internacionales de Rusia a través de operadores turísticos privados de ese país, que han beneficiado a prestadores de servicios turísticos de Margarita, Anzoátegui, la Costa Oriental de Falcón y Caracas.
Ven con beneplácito que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), haya permitido la ruta aérea Venezuela España este año. "Había sido un clamor desde hace muchísimos meses, el INAC sabía lo interesante de la ruta y que simplemente por razones de pandemia la apertura de esa ruta no se había dado, pero ahora estamos de nuevo en el radar del turismo internacional de España, Italia, Europa", comunicó Leudo González.
Sostiene que alcaldías, gobernaciones y el Estado venezolano han tomado en cuenta al turismo como un factor de peso para el progreso y generar ingresos para la nación.
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