ONU pide a Venezuela que anule proceso contra el jurista Brewer

EFE | LA PRENSA DE LARA.- El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dictaminó hoy que la Justicia de Venezuela violó la presunción de inocencia de Allan Brewer y le negó el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente, por lo que pidió al Gobierno de ese país que anule el proceso penal contra el reconocido jurista.

El Comité también solicitó a través de su dictamen que Venezuela indemnice a Brewer, huido de su país desde hace 15 años, por actuar sin el debido proceso.

Brewer, acusado de conspiración en su país, que abandonó en 2006 y al que no ha regresado por temor a ser detenido y juzgado, fue procesado en 2005 por cinco jueces y cuatro fiscales "nombrados temporalmente y que de hecho fueron destituidos inmediatamente después de tomar decisiones" en el caso, señaló el comité.

Ésa y otras irregularidades llevan al Comité de Naciones Unidas a considerar que a Brewer no se le concedió el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente, en violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que Venezuela es parte.

El proceso a Brewer se inició por su presunta participación en la elaboración del llamado "Decreto Carmona", que ordenaba el establecimiento de un gobierno de transición tras el fallido golpe de Estado en Venezuela de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez.

Brewer sostiene que al día siguiente del golpe recibió una llamada de Pedro Carmona, el líder de la oposición instalado por los militares, quien le pidió su opinión jurídica urgente, tras lo cual fue llevado al complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas, donde le mostraron el proyecto de decreto, con el que estaba en total desacuerdo y en la redacción del cual no participó.

Pese a ello, en enero de 2005 fue acusado de "conspiración para alterar la Constitución por medios violentos" por su papel en la "discusión, preparación, redacción y presentación" del Decreto Carmona.

Brewer, quien afirmó que no regresaría a Venezuela hasta que se le garantizara su derecho al debido proceso, elevó este caso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en diciembre de 2016.

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