Las FAES en Lara acumulan 394 muertes en tres años

Euseglimar González | LA PRENSA DE LARA.- Como un "escuadrón de la muerte" definen a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), debido a su letalidad en los operativos. Tres años han pasado desde aquel 13 de agosto de 2018 cuando los habitantes de La Sábila, al norte de Barquisimeto, se despertaron por el estruendo de las balas, era el grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que se estaba "estrenando" en el estado Lara y esa madrugada mataron a cinco hombres, tras presuntos enfrentamientos

La Sábila, considerado como el barrio más peligroso de Barquisimeto, fue el punto de inicio de la letalidad policial y que se ha mantenido a lo largo de estos tres años, derramando sangre en los nueve municipios del estado y que ha generado una ola de denuncias por violación a los derechos humanos. 

Un total de 394 muertes en manos de las FAES se han registrado en Lara desde que se instaló el grupo policial, según las cifras que a diario ha llevado LA PRENSA

LA PRENSA le contabilizó a las FAES días tras días sus operaciones y solo en el año que llegaron a Lara mataron a 92 personas, mientras que en 2019 murieron tras recibir impactos de balas por sus funcionarios 171 personas, en 2020 murieron 102 y este año las cifras descendieron y hasta la fecha se registran 29 muertes. 

Lara letal

"El estado Lara ha sido sobre todo con la gestión de Carmen Meléndez (Gobernadora 2017-2020), uno de los estados con mayor letalidad por parte de las FAES, se le dio bastante libertad para realizar ejecuciones", comentó Marino Alvarado, coordinador de la ONG Provea.

Alvarado, quien es defensor de los derechos humanos, explicó que las FAES sigue siendo un escuadrón de la muerte, aun cuando en el último trimestre del año 2020 las cifras de muertes bajaron, debido a que les dieron la orden de ser menos letal. Destacó que eso ocurrió después del informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU. 

En septiembre el informe publicado por la ONU sobre Derechos Humanos que denunció crímenes de lesa humanidad, frenó el accionar de las FAES, bajaron la guardia.

"En ese trimestre, octubre, noviembre y diciembre, en más del 80% se redujo la actuación de las FAES a nivel nacional, en cuanto a la perpetración de presuntas ejecuciones extrajudiciales", comentó Alvarado. 

Sin embargo, la "maquinaria del terror" inició nuevamente en enero con la masacre de La Vega. El 8 de enero tras un operativo policial, 23 personas murieron.

Aunque las cifras por mes han descendido no solo en Lara sino también en otros estados, defensores de los Derechos Humanos recuerdan la actuación de la Cota 905, donde murieron 33 personas entre presuntos delincuentes y civiles.

Disolver las FAES

En julio de 2019, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de DD.HH de la ONU, recomendó al Gobierno nacional disolver las FAES a la brevedad posible, porque en las investigaciones realizadas por su oficina desde 2018, entrevistando a las víctimas de la violencia policial en Venezuela, determinaron que todas las denuncias coincidían en que las FAES seguían un mismo patrón de comportamiento al momento de desarrollar los procedimientos de seguridad.

"Las FAES llegan en camionetas negras sin placas y bloquean los puntos de acceso en la zona. Visten de negro, sin ninguna identificación personal, con pasamontañas cubriendo sus rostros. También llevan armas largas. Las familias de las víctimas describieron cómo las FAES irrumpieron en sus hogares, se apoderaron de sus pertenencias y ejercieron violencia de género contra las mujeres y las niñas, incluyendo la desnudez forzada. Las FAES separarían a los hombres jóvenes de otros miembros de la familia antes de dispararles. Según sus familiares, casi todas las víctimas habían recibido uno o más disparos en el tórax", es parte de lo que describen en el primer informe sobre Venezuela presentado por Bachelet.

Bachelet destacó que la actuación de las FAES en el contexto de operaciones policiales ha dejado una gran cantidad de presuntas ejecuciones extrajudiciales, lo que podría ser considerado como una forma de control social de la población vulnerable.

"A pesar de que se le ha debilitado, que se le ha dado la orden de actuar con menos letalidad, esa orden en cierta medida se ha cumplido, lo que viene a demostrar que las ejecuciones son una política de estado, es decir cuando se le da la orden de matar, se les estimula para que asesinen, para que hayan allanamientos arbitrarios y detengan", sostuvo Alvarado.

Siguen patrón

Familiares y abogados han denunciado que en Lara, funcionarios de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) de la PNB, siguen el mismo patrón de las FAES.

"Llegan a las casas sacan a los muchachos y se los llevan a otros lados para matarlos. A veces son más letales que las FAES", dijo un familiar de una víctima.

"Intentan lavarle la cara"

"Intentan lavarle la cara a las FAES cambiándole el nombre", sostuvo Marino Alvarado, fundador de la ONG Provea. En abril se conoció que el Gobierno pretendía cambiar el nombre del grupo élite de la PNB y para defensores de los Derechos Humanos, esto se debió al informe de la ONU.

Tras la creación de la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO), fuentes policiales aseguraron que suplantarían a las FAES, han pasado casi 4 meses y las FAES siguen operando, sin embargo en Lara han realizado operativos en conjunto con la DCDO.

Alvarado lo advirtió en diciembre de 2020 y vuelve a encender las alarmas. Contó a LA PRENSA que lo que pretende Nicolás Maduro es "maquillar" a este cuerpo policial, ante el amplio desprestigio internacional cosechado, y así ocultar su prontuario de violaciones. Alvarado destacó que un cambio de nombre no implique la depuración de las FAES.

Condenados a muerte

Para Marino Alvarado, defensor de los Derechos Humanos, tener antecedentes penales y vivir en una zona popular en Venezuela es garantía de que el 50 por ciento de las personas pierdan la vida en un operativo policial, en manos de cualquier cuerpo de seguridad.

En Lara la mayoría de las 394 personas que murieron durante los 3 años, desde que llegaron las FAES, tenían registros policiales, pero por delitos menos graves como hurto y porte ilícito de arma de fuego.

Marino destacó que en algunos casos las personas que resultan muertas en los operativos tenían poco tiempo de haber salido en libertad, tras permanecer años en un cárcel.

"Ya ha ocurrido que se liberan a algunos presos y como quedan con antecedentes penales se le incorpora a la lista de ejecutables, que no solo tiene las FAES sino el Cicpc y policías estadales", comentó el abogado.

Alvarado explicó que aunque muchos hayan pagado la condena y algunos se hayan reincorporado a la sociedad, llevan en su espalda una condena de muerte, al momento que ingresa cualquier organismo policial a las comunidades.

"No nos debe extrañar entonces que estas personas que han sido beneficiados con la Revolución Judicial por estos meses terminen siendo ejecutadas por las FAES", aseguró Alvarado.

Sin respuestas

Casos engavetados. Así aseguran familiares de las víctimas de las FAES en la que se encuentran los casos denunciados ante el Ministerio Público.

"Siempre que voy a la Fiscalía me dicen que mi caso está en proceso de investigación. No han adelantado nada, pero no descansaré hasta que haya justicia", comentó la madre de uno de los casi 400 hombres que murieron en manos de los cuerpos policiales.

En julio, familiares de Edwin Alexander Pérez Parra, denunciaron ante la Fiscalía Superior que 40 funcionarios tumbaron la puerta de la casa, ubicada en El Tocuyo, desalojaron a su pareja, su niño y sus padres de la vivienda para luego asesinarlo.

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