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COVID-19 acecha a un personal de salud desprotegido

Guiomar López | LA PRENSA DE LARA.- Una bolsa plástica puede suplir un cubrebota, la braga de bioseguridad es sustituida hasta que se rompa y pueden esperar hasta un mes por un tapaboca N95. Es parte de la precariedad que denuncia el gremio médico y expertos, de la situación del personal sanitario en la mayoría de los centros asistenciales públicos. A 16 meses de pandemia, libran una guerra casi mortal cuando acechan variantes tan peligrosas como la delta sin la dotación permanente de implementos de bioseguridad, que los lleva a reutilizarlos sin garantía de efectividad. Hacen el sacrificio de costearlo siendo responsabilidad del Estado, cuando el par de tapabocas quirúrgicos oscila en $4 y el sueldo apenas pueda llegar a $7.

"El Gobierno para nada lo señala y sólo queda una protección eventual que ni siquiera llega a la semana. ¡Es muy irresponsable!", rezonga Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV), sobre la necesidad de contar con suficientes mascarillas, lentes, guantes, trajes y hasta el servicio constante de agua. Cada guante debería ser cambiado luego de atender a cada paciente o dependiendo, el personal opta por lavarlo con agua y abundante jabón. Una realidad señalada por Monitor Salud, teniendo altos índices de reutilización hasta el mes de marzo de 2021, que se ubicaba en 69% en el sistema público de la región central, mientras entre 90 a 95% en occidente y oriente.

Recuerda lo delicado de estar en contacto con cualquier superficie, desde la manilla de la puerta, mesa u otros en algún centro de salud. Desamparo que ubica el luto en más de 714 fallecidos del personal de salud, según el registro de la organización Médicos Unidos de Venezuela desde el 16 de junio de 2020 hasta el 25 de julio de 2021.

Desde la base

Son aspectos tan elementales que no deberían ser descuidados, al considerar que los centros asistenciales tradicionales no deberían quedar marginados por la mayor atención para los centros centinelas. Ruy Medina, exdirector regional de Salud, señala que las medidas empiezan por el lavado de manos, a veces comprometido por la falta del servicio de agua constante y no se cumple por la falta de lavamanos. Cita como ejemplo, áreas de emergencias que no cuentan con lavamanos afuera para el uso de los familiares, quienes se mantienen permanentes con los pacientes.

Los guantes son desechables y hasta el gel antibacterial o con jabón germicida debe ser constante. Los riesgos empiezan desde tocar la manilla de la puerta, presionar alguna zona del cuerpo del paciente, afincarse en alguna camilla y hasta tocar una mesa. El tapaboca puede extenderse hasta por 2 horas, pero es imposible que alguien prácticamente disponga de una caja de estos. Algunos se cubren a lo interno con uno de confección artesanal, pero resistente en capas y así extender su vida útil. Por la reutilización, optan por matar los gérmenes con la exposición por varias horas ante el sol.

"No estamos preparados porque los errores empiezan por un área covid que debería manejar epidemiología regional. ¿Dónde están las autoridades?", reclamó empezando por un llamado desde el Ministerio de Salud, cuya vocería es secuestrada por el Ejecutivo nacional, al considerar como "paños de agua tibia" por la falta de respuestas que se extienden desde el descuido al personal sanitario.

El descontento llena de preocupación a Elda Jiménez, presidenta del Colegio de Enfermeras, al recalcar que los centros de diagnóstico integral o centinelas han sido más atendidos. Pero centros asistenciales como el Hospital Antonio María Pineda quedan relegados y también reciben pacientes infectados o que desarrollan la sintomatología durante el ingreso. "El personal sigue sin ese equipamiento elemental de tapabocas o guantes", señala.

Su tono de voz es más fuerte y se repone a la impotencia. Recuerda que la primera semana de junio de 2021 realizó un recorrido por el Pediátrico Agustín Zubillaga. No salía del asombro de ver a una sola enfermera al pendiente del área covid-19 e incluyendo a un paciente intubado, cuando solamente para él deberían estar 2 profesionales al pendiente. Su braga de bioseguridad se notaba desgastada y al preguntarle sobre cuántos trajes contaba, respondió:

"Me lo cambian cuando esté roto". Una protección que es descartable y que se ausenta ante la falta de cubrebotas, por lo que la enfermera sólo protegía sus pies con las medias de los orificios de su calzado Crocs para uso interno.

El asombro fue contundente, cuando al indagar sobre su tapaboca, la enfermera le confirma que apenas pueden recibir un N95 al mes. "No podemos dejarlo todo a la suerte. Toca ser previsible y sin confiarse de la inmunidad pasiva, por tratarse del área de trabajo", precisa de ese protocolo que tanto recuerda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cuando la protesta se siente desde la organización Médicos Unidos en Lara, Luzmila Leal recuerda que a veces termina siendo una práctica común entre camareras. "Son ocasiones en los que han tenido que cubrir sus zapatos, ante la falta de material. No es lo correcto, pero es una manera de trabajar sin exponerse tanto a la infección", reitera de esa solicitud perenne en el sector público de salud, que no debería tener retaliación y merece el apoyo de una red de defensores de los derechos humanos, incluso hasta el respaldo de instancias internacionales para un mayor amparo.

Tal situación es considerada como una consecuencia de la indolencia que empieza por el Ministerio de Salud, con la dotación en los hospitales. Así lo percibe Elena Torres, titular del Colegio de Bioanalistas de Lara, ante un personal que sobrevive al 90% de paralización de laboratorios en ambulatorios y que ante la falta de dotación, a veces no cuentan con guantes.

Es un sistema que pide provisiones permanentes y garantizar la protección en la mayoría de centros.

Derecho a la vida y silencio de directivos, es la denuncia constante

Un clamor y hasta indignación se despierta en José Félix Oletta, exministro de Salud, al recordar la responsabilidad del Gobierno por la protección de la vida desde el obrero hasta el profesional de todo centro asistencial. Lo califica como ese derecho humano fundamental y apegado a los aspectos legales, donde impera una exposición a condiciones de riesgos. No sólo exigen los insumos de protección, sino también la garantía del acondicionamiento de espacio. "Ni debidamente protegidos y todavía sin la totalidad de vacunas", reclamó molesto.

Todo bajo la responsabilidad del Ministerio de la Salud, que entiende Alberto Domínguez desde el sindicato del Seguro Social como una acción centralizada, pero que debería ser respaldada por la iniciativa de directivos de hospitales. Se refiere a las carencias por mejor seguridad y renuncias que se han registrado en el Hospital Pastor Oropeza de Barquisimeto, cuando la voluntad de directivos debería abrirse a alianzas o convenios para solventar. Cita como ejemplo básico, un trueque de prestación de servicios a cambio de implementos de bioseguridad o productos desinfectantes necesarios para la higiene.

Condiciones que son violadas y hasta alejan al poco personal que se atreve a seguir atendiendo en centros públicos, tal como lo recuerda Elda Jiménez, presidenta de Colegio de Enfermeras de Lara, ante la estampida en progresivo de estas profesionales en el Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga y se refleja en apenas 173 enfermeras activas, de una plantilla inicial de 680 para este importante centro.

El gremio resume una deuda que empieza por la debida protección ante la agresividad del covid-19 y el reconocimiento laboral, con sueldos en base a la realidad y termine con la cadena de renuncias que sentencian a menos cupos de atención.

Desinfectantes, entre donativos comunes

Para Elda Jiménez, desde el Colegio de Enfermería, es inaceptable que a 15 meses de pandemia, los centros tradicionales de salud no cuenten con la dotación fija de implementos de bioseguridad y hasta desinfectantes para la limpieza de las áreas físicas.

Señala el testimonio de esa enfermera del hospital pediátrico, que debía esperar hasta un mes por un tapaboca quirúrgico. Mientras la provisión sigue siendo insuficiente, admite que han tenido el apoyo de donaciones de organizaciones o particulares. Un deber exclusivo del Estado para mantener las condiciones óptimas en los centros asistenciales y sin distinción de la naturaleza de centinelas.

"Las donaciones pueden ser muy relativas, cuando se trata de una exigencia fija en cada hospital", denuncia del desamparo.

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