Opacidad y controversia marcan la habilitacioacuten de la tarjeta MUD

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Opacidad y controversia marcan la habilitación de la tarjeta MUD

Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Como una "expresión de voluntad democrática" y como parte de un diálogo nacional que el Gobierno mantiene con un sector de la oposición, el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó el 29 de junio a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para que pueda participar en las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. La tarjeta tenía tres años y medio excluida de cualquier proceso electoral por decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras considerar que actuaba en contra de la prohibición de doble militancia, por ser una coalición que llegó a integrar a más de 22 partidos políticos. Dicha medida sigue vigente y expertos electorales alertan que el país está inmerso en una nueva "controversia jurídica", que demuestra la poca transparencia con la que se toman decisiones legales y electorales en Venezuela.

La tarjeta de la MUD, que en 2015 se convirtió en la alianza política más votada del país, sacando siete millones 700 mil votos a favor de la oposición en las elecciones de la Asamblea Nacional (AN), es habilitada justo cuando los partidos con mayor militancia que tienen directivas paralelas que ocupan sus signos y símbolos tras ser judicializados por el TSJ. Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ) se encuentran además en disyuntiva de decidir si participan en las "megaelecciones", contando tan sólo con cinco semanas para definir candidatos unitarios, o se abstienen hasta que se adelanten las elecciones presidenciales con observación internacional solicitadas por Juan Guaidó, presidente encargado del país a través de un Acuerdo de Salvación Nacional. Lo que hace pensar a politólogos que la medida del CNE tiende a fragmentar más a la oposición.

"El Gobierno está poniendo a pelear a la oposición, no es un debate que se da por coincidencia, sino porque están colocando incentivos en la mesa para que esa pelea se genere a través del clientelismo competitivo electoral, que es estimular a que muchos compitan en unas elecciones y el voto termine dispersándose", explicó Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB. Afirma que ese escenario ya lo vivió el país el 6 de diciembre de 2020 en las Parlamentarias, donde hubo 14 mil postulaciones, de las cuales 277 eran del gobierno y los demás eran de pequeños partidos que apenas lograron el 8% de los curules.

Esto ha desatado un debate y enormes discordias en la oposición no solamente entre partidos, sino entre las bases de cada organización, por el limitado tiempo para lograr consensos. "Si alguien quiere ser alcalde, gobernador, el que tiene alguna aspiración política en la provincia va a decir: ¿bueno, pero por qué no participamos?, yo quiero ir a elecciones, hay una tarjeta para participar. Demandará el apoyo de su partido. Es como si los partidos ahora tuvieran que lidiar con apetencias internas, porque deben decidir cómo meter 20 elefantes en un Volkswagen", expresó.

Temen control

El politólogo Radamés Graterol argumenta que cada acción del Gobierno tiene una intención, cree que no por casualidad el CNE habilitó una tarjeta genérica de oposición y no la de AD, VP o PJ. "No hay garantías de que esa tarjeta no la ocupen la denominada oposición de los alacranes o la mesita. Si el Gobierno soltó esta tarjeta en el fondo puede tener algún control. Aunque la oposición también le debe dar la vuelta al problema, porque si algo tiene positivo la MUD, es que está en la memoria de los electores como la coalición que derrotó al Gobierno en 2015 y logró una verdadera unidad", resaltó Graterol.

Considera que si los dirigentes opositores logran presentar una plataforma unitaria en los comicios del 21 de noviembre, la gente podría votar masivamente contra el Gobierno nacional, pero eso dependerá de los candidatos que presenten. "Si alguien va con la tarjeta de la manito (MUD), a las elecciones con un mínimo de acuerdo político podría convertirse en el gran candidato", recalcó. Se conoció que el representante legal de la MUD actualmente es José Luis Cartaya, quien fue secretario de la AN 2015.

Sin argumentos

Francisco Castro, director de la ONG Súmate, dedicada a la defensa de los derechos políticos en Venezuela, explicó que sobre la tarjeta de la MUD hay una controversia legal por dos sentencias del TSJ. La primera se registró en 2017 y tiene que ver con que los partidos AD, VP y PJ decidieron no renovarse ante el CNE ese año, por abstenerse a las presidenciales de mayo 2018 consideradas ilegales. La segunda ocurrió en enero de ese mismo año y tiene que ver con el tema de la doble militancia. "La MUD es una coalición de partidos, entonces el Máximo Tribunal consideró que eso era ilegal", comentó.

Castro sostiene que la decisión del CNE tiene un tinte político que en nada favorece en construir garantías electorales porque todo aquel que quiera postularse en las elecciones, según las leyes nacionales tiene el derecho de hacerlo con libertad.

"Es evidente que la tarjeta de la MUD fue inhabilitada por decisión política, su habilitación también fue un asunto político, porque el TSJ no ha sacado una resolución explicando cuáles fueron los criterios para autorizarla en las elecciones. Esto genera una profunda incertidumbre acerca de cuáles son las certezas que alguien requiere para involucrarse en el Poder Electoral. ¿Qué garantiza que una tarjeta habilitada no pueda ser inhabilitada por razones políticas a mitad del proceso?, no hay ningún mecanismo de obediencia a la ley que respete el Estado de derecho", exclamó.

Cuestionamiento internacional

Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, indicó que el hecho de que ahora por decisión política se habilite la tarjeta de la MUD, pero sigan varios partidos de oposición inhabilitados, así como dirigentes políticos genera un rechazo internacional. "Hay todos los cuestionamientos a eso, porque se supone que en una elección deben permitir que quienes reúnan las condiciones mínimas para ser partido o candidatos, deben estar habilitados para participar en unas elecciones, y no cabe ninguna duda que los partidos que están intervenidos reúnen las condiciones para ser partido, tanto así que han sido los partidos mayoritarios en la mayor parte de los procesos electorales", exclamó.

Cabe destacar que el pasado 8 de julio llegó a Venezuela la delegación de la Unión Europea, que estará hasta hoy viernes, para verificar si el proceso electoral del 21 de noviembre respeta lo establecido en la Constitución de Venezuela y cumple las normas electorales, para decidir si enviarán observadores internacionales.

Por su parte, Francisco Castro, politólogo y director de Súmate, mencionó que en el año 2015 que fueron las últimas elecciones competitivas en el país, donde se respetaron condiciones democráticas, la MUD estaba conformada por una coalición de más de 22 organizaciones. "La cantidad de organizaciones que tiene en la actualidad se ha reducido en más de un 50%, porque se encuentran inhabilitadas o incapacitadas para postularse en un proceso electoral, o con sus autoridades confiscadas, intervenidas de alguna forma", resaltó.

Partidos nuevos

El pasado 29 de junio, Pedro Calzadilla, presidente del CNE, también anunció que para estos comicios se habían habilitado 20 nuevas organizaciones políticas, ocho nacionales y 12 regionales.

Además de la MUD, las organizaciones nacionales son: Fuerza Vecinal, partido que existía en Miranda y está vinculado con Henrique Capriles Radonski, exgobernador de ese estado y excandidato presidencial de la oposición. El partido Convergencia, vinculado con el diputado de la AN 2015 Biagio Pilieri, expreso político de oposición; la organización Activistas Democráticos Electorales y Alternativos (Adelante), Movimientos Centrados, Movimiento Progresista de Venezuela (MPV), Suma País, Unión y Cambio (Única).

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