El Estado venezolano está dirigiendo sus ataques contra las ONG que defienden los DD.HH y realizan labor humanitaria con el fin de obstaculizar, generar mayor control social y como parte de una política de criminalización de cooperación internacional.

Marianna Romero

Directora del CDJ

Necesitamos que la comunidad internacional y en Venezuela reaccionen ante esta Providencia.

Marta Tineo

JEP

No están perjudicando al voluntariado de las ONG, están perjudicando es a las personas, porque son quienes reciben el aporte.

Yennifer Peña

Movida Positiva

La Constitución de Venezuela establece que cuando la cooperación internacional es estratégica para el país, es permitida y necesaria.

Manuel Virgüez

Mov. Vinotinto

Las ONG de Venezuela están debidamente registradas tal como lo establece la Constitución, pagan impuestos en el SENIAT como lo establece la ley.

Jaime Lorenzo

Médicos Unidos

Ataques contra ONG de DD.HH. aumentaron un 256% 

Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Bajo la lógica del Estado venezolano, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), tanto de Derechos Humanos (DD.HH) como de ayuda humanitaria, son enemigos internos. Por eso en el último años la política ha estado orientada a criminalizar, agredir y atacar a voluntarios y representantes de estas ONG, para impedir que sigan documentando, denunciando ante instancias internacionales y protegiendo a las víctimas de delitos de lesa humanidad en Venezuela, o que continúen brindando auxilio a la población más vulnerable". Con ese análisis, Marianna Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) explicó lo que sucede con las organizaciones sin fines de lucro, precisando que han registrado 256% más ataques que en 2020.

Alertó que en medio de una crisis humanitaria compleja de Venezuela, el gobierno a través del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, ha sacado la Providencia Administrativa N° 001-2021, que obliga a las ONG a registrarse ante una Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en la que deben hacer pública la lista de sus benefactores, si reciben financiamiento internacional, y también revelar quiénes son las víctimas que han recibido ayuda. Una medida que defensores de DD.HH han catalogada de violatoria a la Constitución y de tratados internacionales.

"Se mantiene el patrón de la estigmatización, pretendiendo descalificar y desacreditar el trabajo de documentación y denuncia de las ONG, ubicándolas como enemigos, terroristas, agentes desestabilizadores. Estos discursos vienen desde altos funcionarios y se traslada a distintos niveles de poder, incluso a los del Sistema Popular de Protección para la Paz, conformados por estructuras como las UBCH, colectivos, los RASS, consejos comunales, que han amenazado, intimidado y agredido a defensores de DD.HH", expresó.

El más reciente informe presentado por CDJ, resalta que de enero a marzo se cometieron 183 ataques contra las ONG, 132 más que en 2020. De los casos contabilizados, 107 fueron estigmatizaciones, 31 hostigamientos, 13 amenazas, nueve detenciones arbitrarias, 10 judicializaciones, tres allanamientos y tres ataques digitales.

Golpe mortal

Martha Tineo, coordinadora de la ONG de DD.HH Justicia Encuentro y Perdón (JEP), explicó que el gobierno lo que pretende es "silenciar" a todas las voces disidentes del país, que han denunciado ante la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, las violaciones sistemáticas de DD.HH cometidas desde 2014 en Venezuela. Alega que 700 ONG se han unido para exigir la derogación de esta providencia, por ser "imposible de cumplir".

"Esta providencia nos obliga a inscribirnos a una oficina nacional de terrorismo, que vulnera el principio de presunción de inocencia establecido en la Constitución. Es decir, nosotros podríamos ser concebidos como potencialmente terroristas, o podríamos estar asociados para delinquir si no nos registramos. Se supone que todos somos inocentes mientras se demuestre lo contrario, según el Estado las cosas ahora no son así", soltó.

Además les piden la lista de benefactores, pasando por encima de la Ley de Cooperación Internacional. "Nosotros no tenemos por qué suministrar una información sensible y confidencial, porque no sabemos si a discrecionalidad del Estado el día de mañana algún vocero del gobierno pueda calificar a esos aliados de terroristas por no ser afín a sus intereses", exclamó.

Alertó que lo más grave es que ahora el gobierno le está solicitando suministrar la lista de sus beneficiarios. "Yo no puedo suministrarle a las autoridades la lista de personas que han denunciado la violación de DD.HH en el país, porque los estaría colocando en un riesgo inminente, es como si a un violador sexual se le diga que su víctima o un familiar de su víctima lo denunció. Los defensores de DD.HH nos regimos por un principio de confidencialidad y bajo esa premisa es imposible cumplir esa providencia", sentenció.

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