Informes de la ONU sobre Venezuela elevan presión política

Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- La Embajadora del gobierno interino de Venezuela ante Brasil, María Teresa Belandria, informó que la actualización verbal de los informes de la Misión de Determinación de los Hechos sobre los crímenes de lesa humanidad que han registrado en Venezuela, recibió el respaldo de 55 democracias del mundo en el Consejo de DD.HH de la ONU. "Los países que rechazaron el informe fueron Rusia, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, algunos países de África que son aliados al régimen de Maduro porque también son señalados de cometer masivas violaciones de DD.HH como política de Estado", destacó.

La Misión determinó que en Venezuela se han recrudecido las torturas y sobre todo las detenciones arbitrarias desde septiembre de 2020, fecha en que presentaron el primer informe. "Han agregado a los crímenes de lesa humanidad, la muerte de indígena Salvador Franco, preso político que permanecía en detención preventiva desde 2019 y falleció por no recibir atención médica en enero. Destacan además los 14 muertos en el barrio de La Vega, en Caracas del 7 al 9 de enero donde hubo 14 ejecuciones extrajudiciales por al menos 650 funcionarios de las FAES. También la muerte de 28 migrantes venezolanos en el mar Caribe en diciembre de 2020 y las detenciones arbitrarias contra representantes de las ONG's, periodistas independientes y sindicalistas. Lo que representa que en los últimos seis meses Venezuela se ha alejado de algún tipo de avance en materia de DD.HH", expresó.

La también internacionalista informó que este informe va a tener repercusiones políticas en la comunidad internacional y también sobre las investigaciones que la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bom Bensouda está desarrollando sobre el caso Venezuela Uno, que se encuentra en fase tres del examen preliminar. "La sanción más importante que los responsables por crímenes de lesa humanidad en Venezuela van a tener en algún momento, es una apertura de un juicio en la CPI que no prescribe y que no importa el tiempo en que se haya cometido el delito, tarde o temprano van a pagar, así los tiempos de la política internacional sean infinitos", comunicó.

Este informe determinó que el Estado venezolano no ha tenido voluntad política para investigar ni sancionar a los implicados en crímenes de lesa humanidad.

Control policial como Cuba

Zair Mundaray, exfiscal del Ministerio Público y consultor jurídico de la Embajada de Venezuela en Colombia nombrado por la presidencia interina, alegó que el gobierno "se encuentra en una escalada de absoluto control de la sociedad", porque busca desarticular cualquier unidad, grupo o persona que tenga la posibilidad de reclamar un derecho social.

Afirma que aunque la Alta Comisionada de la ONU, como la Misión de la ONU han solicitado al gobierno la disolución de las FAES, este componente de inteligencia no será desarticulado. "Ejerce el control policial de la población como ocurre en Cuba, porque es la demostración del ejercicio de la violencia estatal en su mayor expresión, puedo desaparecer personas extorsionarla y asesinarlas, e incluso robarle los bienes con absoluta impunidad de modo que es absolutamente necesario dentro del modelo de Estado que se proyecta que exista un organismo como el FAES que además el régimen le tienen confianza", alegó.

Impunidad se mantiene firme

Mariana Romero, Coordinadora Académica del Centro de DD.HH de la UCAB, informó que la impunidad en Venezuela supera el 90%. La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU resaltó que el Estado venezolano sigue "procesando sólo a funcionarios de bajo rango por los crímenes y tortura que se registran contra la población, pero no a la cadena de mando que va desde oficiales de alto rango, hasta representantes ministeriales y Nicolás Maduro.

"En el país no se ha iniciado ningún procedimiento judicial contra los actores intelectuales que han cometido delitos de lesa humanidad. El gobierno hace creer a organismos como la CPI que está investigando 600 casos de violaciones de derechos humanos sin presentar las pruebas", resaltó.

Puntualizó que en el caso del asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, torturado bajo la custodia de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), hicieron una revisión de la causa para imputar el delito de homicidio calificado con alevosía y tortura contra dos funcionarios implicados, pero quienes ordenaron su tortura no los han tocado.

Presos los usan para negociar

Según el politólogo Radames Graterol, el Estado Venezolano ha incrementado las detenciones arbitrarias contra disidentes políticos porque son un "bastión que utiliza el gobierno cuando se siente presionado por organismos internacionales para negociar. Son fichas de canje", alegó.

La práctica se ha incrementado considerablemente desde 2017, "Maduro habla de diálogo permanente pero precisamente tener allí algunas personas privadas de libertad significa un poder, y al momento de ejercer la negociación les funciona para dar muestras paulatinas o rápidas de que sí quiero negociar. Usan a la disidencia para dar la sensación de que sí se está cediendo", mencionó.

Según la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, desde septiembre del año 2020, según organizaciones de la sociedad civil, alrededor de 70 presos políticos han sido puestos en libertad con medidas sustitutivas. Foro Penal informó que en Venezuela quedan 323 presos políticos.

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