Aquí se privilegia el mercantilismo no capitalismo. Algunos erradamente le dicen capitalismo salvaje.

Andrea Rondón

No hay transparencia. El gobierno dice que son asociaciones estratégica entre lo público y privado.

Guillermo Palacios

Estamos viviendo una época de oscurantismo. La Ley Antibloqueo es inconstitucional.

Ana Uzcátegui

Venezuela no cambiará sino se frena la hiperinflación, el alto desempleo, se pague la deuda.

Hermes Pérez

Reina el secretismo en la privatización de empresas

Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- En Venezuela avanza una cadena de "privatizaciones" de empresas con total discrecionalidad. Se trata de organizaciones que pasaron por un proceso de estatización que inició el gobierno en 2007. El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE Libertad), advierte que desde el 9 de octubre de 2020 cuando fue aprobada la Ley Antibloqueo por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, las transferencias de empresas públicas a manos de inversores privados o aliados comerciales del gobierno no han parado, pero tales medidas no han representado para el país una mejora económica, ni el repunte de nuevos empleos, o la activación del aparato productivo.

Un total de 23 propiedades públicas han sido privatizadas en los últimos cuatro meses en Venezuela, según un informe de CEDICE Libertad. La información la han recopilado en línea, la han verificado en notarías o registros, o a través de consultas personales. Un proceso engorroso por la nula transparencia que han tenido estas operaciones donde el gobierno no ha publicado ninguna información en Gaceta Oficial, desaplicando así la Ley de Privatizaciones creada en 1997.

Según Conindustria desde 2005 hasta 2017 el gobierno "expropió" 1.359 empresas entre industrias, comercios y fincas agrícolas o pecuarias. CEDICE Libertad maneja un listado de 1755 empresas públicas verificando 300 hasta ahora. Entre las empresas que han pasado a manos de privados están Éxito y Agropatria, sus patronos son el Grupo Agrollano 2019 C.A; Lácteos Los Andes lo maneja un grupo iraní anónimo; Fama de América está en proceso de laudo arbitral; Industria Azucarera Santa Elena en Portuguesa pasó a manos del grupo Generoso Mazzoca, y el Central Azucarero Pío Tamayo ubicado en El Tocuyo, municipio Moran, desde finales de 2020 lo administra el Consorcio Veinca C.A. De las 23 empresas un lote de 16, no tienen información precisa de si están bajo propiedad bancaria o estatal, pero han tenido movimientos notariales como el cambio de nombre según resalta la organización civil.

"Estas no son verdaderas privatizaciones porque el objetivo de una política de privatizaciones es atraer inversión nacional y extranjera para sacar de un saldo rojo a las empresas del Estado quebradas y lograr cierto desarrollo. Pero las operaciones que está haciendo el gobierno, donde no se puede verificar si los contratistas son idóneos dan a pensar que los procesos no están siendo imparciales, se están entregando bienes del Estado a aliados políticos del régimen para lavado de dinero o legitimación de capitales, pero no para una verdadera inversión", explicó Andrea Rondón abogada, miembro del Comité Académico de CEDICE Libertad.

Comentó que si se comparan los procesos de privatización que se dieron en Venezuela en la década de los 80 y 90, las diferencias son abismales. "Las privatizaciones deberían ser oferta pública, debería ser transparente el proceso en el que se indica que se va a privatizar el servicio y que todo el que desee participar en el proceso pueda hacerlo, porque tiene la información, porque sabe las condiciones para la adquisición y porque sabe que está confiando que quien dirige el proceso es un tercero imparcial", comentó.

Esos empresarios que participen en la licitación deben tener un expediente público, en el que los ciudadanos sepan de quién se trata, de dónde proviene y el capital que tiene para invertir, datos que se desconocen en los procesos que se están dando.

La opacidad abarca además a que el gobierno tampoco ha informado en qué condiciones están las empresas que está "traspasando a privados", si están operativas o no. Apunta la abogada que ni siquiera estos nuevos patronos están garantizando la estabilidad de los trabajadores. Como muestra de eso fue lo ocurrido el 11 de noviembre de 2020, cuando 480 trabajadores del Central Azucarero Pío Tamayo protestaron tras ser liquidados, sin considerar sus años de servicio. Tras conversaciones 402 trabajadores entre enero y febrero han recibidos contratos nuevos, violándose todos sus derechos y 78 están en un limbo laboral por ser mayores de 50 años pero no estar jubilados, así lo informó a LA PRENSA de Lara, Héctor Escalona, trabajador afectado de esta empresa.

Privatizan tres empresas en Lara

Según el diputado Guillermo Palacios, de la Asamblea Nacional electa en 2015, en el estado Lara al menos tres empresas de las que habían sido expropiadas fueron "privatizadas", pero no a sus originales dueños. Entre ellas se contabilizan el Central Azucarero Pío Tamayo, ubicado en El Tocuyo Municipio Moran, Lácteos Los Andes, ubicada en Cabudare municipio Palavecino, y las tres sedes de Agropatria, una en El Tocuyo, otra en Quíbor municipio Jiménez, y otra en la Zona Industrial III de Barquisimeto.

"Estas operaciones han sido poco transparentes. El gobierno hizo un convenio, traspaso de acciones, dicen que se trata de una asociación estratégica entre el sector público y privado. Pero no hay claridad, porque las condiciones económicas del central azucarero son muy precarias, son muy difícil sobre todo para conseguir materia prima para la molienda y porque toda su maquinaria son equipos viejos, obsoletos. Eso dificulta que pueda haber una actividad económica sustentable, por lo cual eso llama a sospecha de que esa es una operación en la cual hay mucho trasfondo distinto a la actividad mercantil", apuntó.

La información que pudo comprobar el Parlamento democrático, es que este central azucarero que fue tomado por el Estado en el 2006, pasó a manos de Consorcio Veinca C.A, un grupo empresarial del estado Barinas, pero a la fecha el sindicato de esta empresa no conoce a los patronos. Héctor Escalona, trabajador afectado, informó a LA PRENSA, que un día fueron notificados que tenían nuevo patrono, y que la empresa había adquirido la administración del lugar en calidad de comodato.

El portal financiero de EE.UU, Bloomberg, señaló en un trabajo de investigación que el diputado de la AN electa el 6 de diciembre, Ramón Lobo, indicó que en las operaciones que se están realizando "El Estado actúa como supervisor y recibe una compensación". Hasta ahora el gobierno no ha informado qué porcentaje neto reciben de las ganancias de estas empresas ahora administradas por privados, como parte de la total discrecional que estipula la Ley Antibloqueo.

Dudan de liberación económica

El economista Hermes Pérez, exjefe de la Mesa de Cambio del Banco Central de Venezuela (BCV), informó que si bien desde el 2018 el gobierno viene flexibilizando el sistema cambiario, en la práctica aun no se han solucionado problemas que mantiene al 96% en pobreza.

"Sí tienes la única hiperinflación que en este momento se registra en el planeta, los índices de desempleo más elevados del continente, una contracción económica del 81,2% en siete años, y además Venezuela tiene cerrados los accesos financieros internacionales porque esta en default desde 2017 con una deuda cercana a los 100 mil millones de dólares. Entonces la liberalización económica no va a tener un camino exitoso", explicó.

Afirmó que organismos como el Fondo Monetario Internacional proyectan que Venezuela tendrá este año una pérdida de su Producto Interno Bruto (PIB), que rondará el 20 ó el 25%, con ese pronóstico las privatizaciones que está haciendo el Estado no representan un cambio positivo para la economía del país.

"Se impone un mercantilismo"

La abogada Andrea Rondón de CEDICE Libertad, indicó que aunque la pretensión de Maduro con las "privatizaciones", es que Venezuela sea la nueva "China Caribeña".

"En estos procesos se privilegia el mercantilismo no el capitalismo. Algunos erradamente dicen que Venezuela se está abriendo al capitalismo salvaje, pero no, esto es mercantilismo, porque muchos bienes y servicios están pasando de manos del Estado a manos de pocos privados. Un verdadero capitalismo es que pase a manos de privados que estén en capacidad de explotarlos para que lleguen a todos", comentó.

"Aplican una ley para saquear"

"Los venezolanos estamos viviendo una época de oscurantismo muy dañino. Ley Antibloqueo es absolutamente inconstitucional. Le da un manto de discrecionalidad al régimen para que pueda seguir entregando los activos de la República sin tener ni siquiera obligación de rendirle cuentas a las instituciones del Estado", señaló el diputado de la AN electa en 2015 Alfonso Marquina.

Considera que lo que está surgiendo en Venezuela es una nueva clase empresarial. "La realidad es que el gobierno está poniendo en manos de enchufados jugosos contratos con empresas expoliadas que quebró la fracasada revolución", sentenció el parlamentario de Lara.

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