Cátedra de derecho: con la usurpación muere la libertad

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Redacción | LA PRENSA DE LARA.- Miembros de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, se pronunciaron en relación a las elecciones realizadas el pasado 6 de diciembre y ratificaron que el evento donde el oficialismo logró la mayoría parlamentaria "fue un fraude". 

En un comunicado aseguraron que el 6D se consumó el "fraude electoral" denuncio por la cátedra el pasado 27 de agosto de 2020, asegurando que el evento estuvo signado por el desconocimiento de los valores y principios que sostienen a un Estado Democrático.

"Hoy reafirmamos que no se puede analizar el caso venezolano desde una perspectiva restringida a lo constitucional, por cuanto no estamos en un régimen democrático, ni en el marco de un Estado Constitucional de Derecho".

Explican que hay una sistemática violación de los derechos fundamentales de los venezolanos, además de la pérdida de la soberanía nacional y una crisis humanitaria compleja que no ha podido ser contenida por "ineficiencia y corrupción". "Son responsabilidad exclusiva del régimen de facto, y particularmente de quien lo encabeza: Nicolás Maduro".

En el escrito denuncian la existencia de un "Estado Forajido, pero también la de un Estado Fallido" donde reina el desconocimiento de la constitucionalidad y de la legalidad, así como el irrespeto a los convenios y acuerdos internacionales suscritos por el país.

"En particular, de un accionar signado por la violación de los derechos humanos y comisión de crímenes de lesa humanidad, y los valores democráticos, que se asocia a la acción de grupos internos paramilitares y grupos criminales fuera del país, en complicidad con organizaciones transnacionales dedicadas a actividades ilícitas" continua el comunicado .

Señalan que la violación a los derechos humanos y los crímenes atroces asociados al gobierno de Nicolás Maduro, ya se encuentran en manos de la Misión de Determinación de los Hechos, aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversas ONG  como PROVEA y Acceso a la Justicia. Además de la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional que realiza un examen preliminar sobre la situación en Venezuela.

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