Defensores de DDHH esperan que la CPI avive presión contra Maduro

Guiomar López | LA PRENSA DE LARA.- Defensores de los derechos humanos y familiares de víctimas aspiran que a mediados de 2021, se tenga la sentencia por crímenes de lesa humanidad contra el presidente Nicolás Maduro. Las esperanzas están fijadas entre julio o agosto, con la debida argumentación y sin los impedimentos que representantes del gobierno venezolano han presentado para presionar a la Corte Penal Internacional (CPI) y que comienza con inusuales visitas de diplomáticos a la sede ubicada en La Haya.

La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, explicó que luego de realizar un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, encuentran fundamentos razonables para creer que "al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos".

Rafael Uzcátegui, desde el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), señala que la posición de la CPI es un significativo avance de la justicia internacional, porque este reconocimiento coincide con el informe de la verificación de hechos de la ONU. Solo queda la debida sustentación de las pruebas y exigir el comparecimiento de la cadena de mando que avalaron la represión, sin conformarse simplemente con los autores materiales.

"Al estar en esta fase de los intereses de la víctima, esperamos que no se vaya a entorpecer el proceso", advierte de esa posibilidad de altos funcionarios del gobierno de intentar demostrar una voluntad política, que no la hay, y simular procesos de entendimiento. La responsabilidad debe ser individual en un riguroso proceso de verificación con las evidencias forenses, penales y científicas.

"No puede existir una transparente voluntad política, en un sistema de justicia viciado", rezongó ante las verdaderas intenciones de la reciente visita a La Haya del fiscal general, Tareck William Saab junto con Alfredo Ruíz, Defensor del Pueblo. Un encuentro que se concretó a principios de noviembre.

Para Nelsón Freitez, de la Red de Derechos Humanos, este acercamiento con la CPI confirma los hechos y da fuerza a las denuncias para determinar las responsabilidades. Los delitos serán sancionados, más allá de la intención oficialista de simplemente condenar a los perpetradores materiales, cuando sigue latente la amenaza entre ese alto mando que puede ser desde ministros hasta el propio Jefe de Estado.

Los familiares de las víctimas se complacen con este avance que ayuda a determinar la evasión de responsabilidades en la represión de los venezolanos. "Las pruebas serán creíbles y no forzadas, para poder identificar el patrón de represión", señaló Manuel Virgüez, del Movimiento Vinotinto.

Todos los involucrados en esta lucha siguen atentos por la justicia, esa que arrope a todos los responsables y no se conforme en el estatus genérico, de solo admitir a los autores intelectuales con los funcionarios policiales, mientras en las cúpulas siguen las mentes maestras que avalan y propician las agresiones.

De hecho, el informe enumera las fuerzas de seguridad involucradas, tales como Policía Nacional Bolivariana (PNB), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Fuerza de Acciones Especiales (FAES), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

También señala a grupos civiles armados que siguiendo instrucciones cometían abusos.

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