Misión de la ONU vincula al gobierno con crímenes de lesa humanidad

Agatha Reyes | LA PRENSA DE LARA.- La Misión de Determinación de los Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), publicó su informe sobre los crímenes y violaciones de derechos humanos en el país, y  vinculó al gobierno venezolano que dirige Nicolás Maduro y algunos organismos del Estado con "crímenes de lesa humanidad.

"Personas de diferentes niveles institucionales y jerárquicos estuvieron involucradas en estas violaciones. Actores institucionales claves dentro del Poder Ejecutivo, los servicios policiales y el poder judicial han tenido un papel", señala el informe.

La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Adicionalmente, examinaron otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.

Aunque reconoció la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del gobierno de mantener el orden público, la Misión constató que los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.

En el informe explican que la Misión constató que las autoridades de alto nivel, tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados como responsables de esas violaciones.

"La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura constituyen crímenes de lesa humanidad", dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

"Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno".

Sobre ejecuciones extrajudiciales

La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios.

Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La Misión investigó o examinó 140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa.

"Los altos funcionarios del Gobierno elogiaron repetidamente las operaciones, mismas en las que solían participar cientos de oficiales armados que asaltaban algunas zonas, a veces utilizando vehículos blindados y helicópteros. En septiembre de 2015, una OLP en la zona de Santa Rosa de Agua de Maracaibo, Estado de Zulia, dejó cinco hombres muertos y más de 60 detenidos, la mayoría de ellos pescadores que regresaban del trabajo; las mujeres fueron maltratadas y artículos domésticos fueron saqueados" dice el informe.

Según explican ocho de las operaciones examinadas dieron lugar a 10 o más muertes. Tras las críticas a las tácticas de mano dura, el Gobierno relanzó las OLP como Operaciones de Liberación Humanista.

En el informe , la misión también señala que dos fuerzas de seguridad,  el CICPC y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fueron responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado y fueron también los autores de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el informe.

"Funcionarios de la PNB/FAES dijeron a la Misión que era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular "enfrentamientos", un proceso al que los funcionarios de la PNB/FAES se refieren como sembrar "semillas". Una fuente con conocimiento interno confirmó que los superiores podían dar a los oficiales "luz verde para matar". Un video de entrenamiento de las FAES, autentificado por la Misión, muestra a los funcionarios siendo animados a "matar criminales sin compasión" explican.

En el escrito destaca que se asesinaron a civiles tras la aplicación de un plan militar. Una operación en la subregión de Barlovento, en el estado de Miranda, a mediados de octubre de 2016, que terminaría en una masacre después de que los soldados detuvieran arbitrariamente a 35 hombres, algunos de los cuales desaparecieron y fueron torturados. "Doce víctimas, todas hombres de 30 años o menos, fueron ejecutadas extrajudicialmente y enterradas en fosas comunes,  dos tenían balas que les perforaban el cráneo y 10 tenían probables heridas de machete en el pecho, el cuello y la cabeza. Otros cinco siguen desaparecidos".

Detenciones y torturas por motivos políticos 

La Misión  de la ONU también investigó la represión selectiva de los organismos de inteligencia del Estado.

Señalan que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tenía como objetivo identificado a la disidencia política y activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al Gobierno, mientras que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tenía como objetivo al personal militar y a personas civiles asociadas, presuntamente implicadas, en rebeliones o intentos de golpe de Estado.

Según detalla el informe, los hombres y mujeres detenidos solían estar en malas condiciones fuera del sistema penitenciario oficial, en la sede de los organismos en Caracas o en "casas seguras" no oficiales. "En algunos casos se acusó a las víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se burló el debido proceso".

"Las detenciones en algunos casos equivalían a desapariciones forzadas de corta duración e incluían torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo. Un ex director del SEBIN dijo a la Misión que la institución tenía un "comportamiento cultural" de tortura".

Detallan que las técnicas de tortura incluían: posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.

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