Informe de Bachelet desnuda crímenes en el Arco Minero 

Ismar Álvarez G. | LA PRENSA DE LARA - Este 14 de julio fue  publicado el informe de Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la Organización Naciones Unidas (ONU) que describe sobre la situación de Venezuela.  

En el documento, se hace referencia a la situación de los derechos humanos de los venezolanos en la región del Arco Minero del Orinoco (AMO), como detalla la ACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH.). 

Resalta que el Banco Central de Venezuela (BCV) "no publica información actualizada sobre los volúmenes de oro y otros minerales que recibe de la empresa minera estatal Minerven, ni sobre la cantidad de minerales que se exportan, o sobre cuál es su destino principal o el monto de divisas extranjeras que el Estado recibe a cambio".

Por otra parte, según el informe, la mayoría de las minas son controladas por grupos criminales organizados, llamados "sindicatos" a nivel local.  

La oficina además destaca que gran parte de la actividad minera se encuentra controlada por grupos delictivos organizados o elementos armados, quienes son los que deciden "quién entra o sale de las zonas mineras", además de imponer reglas, aplicar castigos físicos crueles a quienes las infringen y "sacar beneficios económicos" de todas las actividades en las zonas mineras.

Asimismo, explican que para obtener estos beneficios, incluso recurren a prácticas de extorsión a cambio de protección. 

El documento también describe el impacto que la situación ha tenido sobre las comunidades indígenas asentados en la zona, en especial el pueblo Pemón. En concreto, hace referencia a la contaminación de su hábitat y los abusos sufridos por vivir en áreas adyacentes a donde se desarrollan las explotaciones ilegales.

La oficina de la Alta Comisionada informa que la minería tiene distintas repercusiones para los pueblos indígenas y el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, debido a la actuación de los grupos armados y al daño ambiental.

Recolectan información sobre violaciones contra los derechos humanos cometidos denunciados por los pueblos indígenas, los cuales han sido cometidos por bandas criminales en el territorio de las comunidades Ye'kwana y Sanema, ubicadas dentro del Arco Minero, las cuales incluyen actos de violencia física y verbal, robo y abuso sexual contra mujeres. 

"El 6 de mayo de 2020, una de estas bandas tendió una emboscada a un grupo de pobladores indígenas en la mina "La Puerta", los atacantes dieron muerte a un indígena Wayuu y secuestraron a un indígena Ye'kwana, que fue rescatado ulteriormente por las fuerzas militares" relatan. 

ACNUDH explica que la minería afecta el derecho a la autonomía y autodeterminación de pueblos indígenas, tales como el Pemón, debido a que la expansión de la explotación minera no tradicional, en su territorio, ha creado o exacerbado divisiones y ha debilitado las estructuras de gobernanza. "La información aportada por los pueblos indígenas confirma que la expansión de la actividad minera es un factor perturbador de sus formas de vida tradicionales y afecta su capacidad para mantener una relación espiritual con sus territorios" señala.

Lea el informe completo: AQUÍ 

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