Foro Penal: violencia política aumentó en el 2019

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CaritasPrensa

El 60% de las detenciones que se aplicaron en Lara fueron selectivas y a través de redadas

Abraham Cantillo

Foro Penal

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Militares son señalados de ser responsables de delitos de lesa humanidad, al igual que los colectivos

Manuel Virgüez

Mov. Vinotinto

Ana Uzcátegui | LA PRENSA de Lara.- Las detenciones selectivas y las redadas, marcaron las protestas políticas este año en el país, según informó Abraham Cantillo, coordinador del Foro Penal en Lara. Detalló que a nivel nacional se aplicaron 2.213 arrestos con procesos judiciales, de los cuales 390 personas siguen tras las rejas. En la entidad contabilizaron 226 aprehensiones, la mayoría aplicadas en los cuatro primeros meses del año. Los seis últimos casos en la región se registraron entre los días 13 y 16 de noviembre, y son los únicos que continúan en calabozos mientras que el resto recibieron bajo medida cautelar.

Aunque este año se registraron menos protestas que en 2017, la represión se incrementó abismalmente, según alertó la organización de Derechos Humanos, siendo señalados como el brazo ejecutor de la violencia, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, a través de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) y la Guardia Nacional Bolivariana.

"El 60% de las detenciones que se aplicaron en Lara fueron selectivas y a través de redadas. Aglutinaban personas en un lugar y todo aquel que pasara era privado de libertad, como ocurrió el primero de mayo en la avenida Venezuela con calle 22. Se aplicaron 30 detenciones durante el incendio del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente de Iribarren (CPNNAI). Consideramos que estas acciones se aplicaron con la intención de entregar un número de detenidos y no un número de personas que cometieron delitos", relató Cantillo.

El jurista alegó que todos los casos procesados fueron "arbitrarios", porque estuvieron carentes de testigos al momento de la detención, y porque todos los elementos probatorios recabados por la defensa, contradicen las actas policiales presentadas.

A nivel nacional el Foro Penal contabiliza 1.399 personas con medida cautelar. Sólo 82 casos con libertad plena. 14 detenidos en libertad sin restricción. 342 personas que no tuvieron audiencia de presentación. 110 personas que admitieron delitos y tienen condena en libertad. Dos libertades bajo medida cautelar humanitaria. Dos personas que tienen suspensión condicional del proceso judicial. Seis personas evadidas con orden de captura, y un fallecido durante custodia de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Este último caso es el del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien murió torturado el pasado mes de julio.

Manuel Virgüez, coordinador del la organización civil Movimiento Vinotinto en Lara, señaló que a diferencia de las protestas políticas de 2014 y de 2017, este año la actuación de la Guardia Nacional para reprimir protesta se redujo. "Los funcionarios castrenses son señalados ante instancias internacionales de ser responsables de delitos atroces al igual que los colectivos. El gobierno ha perdido confianza en ciertas instituciones militares. Llama la atención que el 45% de las detenciones políticas que ha contabilizado está organización, son funcionarios de la Fuerza Armada Nacional", detalló.

Perseguidos

Desde Movimiento Vinotinto, también indican que 33 representantes sindicales de empresas públicas han sido detenidos este año, uno de los casos, Rubén González, de Ferrominera, fue condenado por un tribunal militar.

Ángel Sequea, jefe de despacho de operaciones de Corpoelec en Guayana, murió en los calabozos del Cicpc durante un motín, tras ser acusado de robar material estratégico, días antes del mega apagón nacional en marzo.

Manuel Virgüez, indicó que este año la persecución a gremios y sindicatos que mantuvieron protestas por el respeto de la contratación colectiva y mejoras salariales se elevaron. Recordó la orden de captura que se dictó contra Wiston Cabas, presidente de la Asociación Venezolana de Ingenieros Electricistas, Mecánicos y Profesiones Afines (AVIEM), por denunciar la crisis eléctrica.

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