Irregularidades marcan detenciones

Rodríguez / Rojas | LA PRENSA de Lara.- A ella la agarran por el pelo y se la llevan en una tanqueta. La ruletean por todo Barquisimeto y Cabudare y en el acta de su detención colocan que fue un guardia quien la detuvo. A ella la acusan de herir a un militar y eso no es así, porque ella no es delincuente y en la protesta no estaba de manera violenta. El acta dice que la capturan en la avenida Venezuela con la 22 y que fue de noche y a ella la agarran a la 1 y media de la tarde y apareció a las 7 y 14 de la noche en el destacamento 121 y eso no fue así".

Este es relato dramático que hacen amigas de Elena Paulina Coviello Pizano cuando reclaman justicia frente a los tribunales de Lara y denuncian cómo la privativa de libertad de esta estudiante de Psicología de la Universidad Yacambú está viciada y llena de incongruencias. Entre lágrimas de desesperación, abrazos de compasión y segundos después de ver a la muchacha dentro de una patrulla de la Guardia Nacional, el grupo de jóvenes expresa los momentos inhumanos que vive su amiga luego de que saliera de la audiencia en tribunales que le aplicaron tras ser detenida el 30 de abril por las protestas de calle contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Elena Paulina es parte de los más de 50 detenidos que quedaron privados de libertad la madrugada de este sábado 4 de marzo de 2019 luego de que fueran presentados ante los tribunales de control 4 y 8 de Lara. Entre los protestantes (que se registraron entre el 30 de abril y primero de mayo) que fueron procesados están trabajadores de Vencemos Lara (empresa cementera nacional), estudiantes universitarios, civiles y personas que no estaban en la protesta. A la mayoría los imputan por instigación a la violencia, alteración al orden público y terrorismo, mientras que a un grupo se les acusa de terrorismo, uso de menores de edad para delinquir y daños contra patrimonio del estado por el supuesto saqueo, robo e incendio de la sede del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente de Iribarren.

Las audiencias ante tribunales fueron maratónicas además del proceso de reseña en el Cicpc de la Zona Industrial de Barquisimeto. Lo que inició a las 9 de la mañana del viernes 3 de mayo, terminó a las 3 de la mañana del 4 de mayo cuando todos los detenidos fueron llevados al Destacamento 121 de la GNB que se ubica en la avenida Morán al este de Barquisimeto. Por ser tantos detenidos, los funcionarios tuvieron que disponer de un convoy militar, patrullas, busetas y carros particulares para hacer los traslados a las distintas sedes judiciales. A muchos de los apresados no los dejaron ver familiares y nos les dieron alimentación. Desde el mismo jueves los familiares pasan horas intentando saber de su pariente detenido. Algunos han informado que a los detenidos los tienen dentro de un container que usan como calabozo en la GNB.

Abogados, defensores privados y miembros de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos denunciaron que "los tribunales acataron las órdenes de Maduro que los dejaran presos a todos. Esto es una tragedia para las familias larenses que sufren la injusticia y dictadura de este régimen".

Entre los detenidos también se encuentran personas que no tenían nada que ver con las marchas que se realizaron ambos días. Está el caso de la señora Hilda Vargas de 39 años y su hijo Ronald Méndez de 19 quienes venían de comprar unas medicinas por la zona y fueron apresados sin argumento alguno.

"Mi hermana sólo se paró a ver lo que estaba pasando y se la llevaron", comentó la hermana de Hilda, quien también soltó que duraron al menos 48 horas sin verlos y apenas pudieron entregarles alimentos y agua, pero nada de productos personales.

"A mi hermana le bajó el período y me dejaron pasarle sólo 4 toallas sanitarias, es inaceptable y humillante lo que esta padeciendo tiene 2 días con sólo 4 toallas", soltó unas de las familiares horas después de su detención.

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