ONG rechazan el Carnet de la Patria para adquirir vacunas

Ágatha Reyes | LA PRENSA.-No pasó mucho tiempo para que Tareck El Aissa­mi hablara y de inmedia­to una ONG de progenitores en Lara lo rechazara por ser inconstitucional.

El anuncio del vicepresi­dente donde dice que pa­ra colocar vacunas a los niños se pedirá del Car­net de la Patria, encendió a la organización Madres y Padres por los Niños en Venezuela (Mapani) quienes consideran el re­querimiento como una ?violación al derecho de recibir atención médica de forma gratuita?. Las ?perlitas? de El Ais­sami obligaron a miem­bros de esta ONG a acu­dir a la Defensoría del Pueblo para consignar un documento exigiendo se esclarezca el uso de carnet.

Gretna El Halabi, miembro de Mapani, asegura que no se infor­mó qué sucedería con aquellos que no tengan el documento ?¿no se le pondrá a los niños o se le venderá??, preguntó.

Ante la preocupación, El Halabi explicó que en caso de no colocarle las vacunas a los niños se viola el artículo 84 de la Constitución que esta­blece que el Estado debe garantizar el acceso al servicio de salud pública ?regido por los principios de gratuidad, universali­dad, integralidad, equi­dad, integración social y solidaridad?.

El documento fue reci­bido por Elba Iris Rodil, defensora del Pueblo, quien aseguró hará de conocimiento a Alfredo Ruiz, actual defensor del pueblo para que solicite directamente a El Aissa­mi explique el procedi­miento para el plan de vacunación.

Sin embargo Linda Amaro, viceministra de Salud, negó el uso del Carnet de la Patria y ase­guró que el único reque­rimiento es el ?tarjetón o carnet de inmunización? donde se lleva el registro de vacunas, algo que res­palda Carmen Meléndez, candidata a la Goberna­ción de Lara por el PSUV, quien asegura que el carnet sólo es para llevar una base de datos y poder tramitar ayudas so­ciales.

Andrés Colmenares, miembro de (ONG en derechos hu­manos), señala que la sa­lud no puede ser politiza­da porque el estado debe garantizar el acceso gra­tuito a servicios médicos.

Explica que incluir la política en el plan nacio­nal de vacunación puede ser visto como un ?apar­theid? que perjudica directamente a la infancia.

Según aportaron estas ONG, en Lara no hay una denuncia formal sobre este caso.

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