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“Somos un país rojo en DD.HH”

Ágatha Reyes | La Prensa de Lara.- Para Abraham Cantillo, abogado del Foro Penal, capítulo Lara, Venezuela es un país rojo en materia de DD.HH. Explica que el ciudadano no siente confianza en el sistema judicial que pareciera estar parcializado, lo que asegura es un error que debe ser arreglado.

“El Estado debe entender que es una necesidad que se respeten las garantías de los derechos humanos y no se judicialice la libre protesta, porque cuando eso existe el país crece y se desarrolla, de lo contrario nos encontramos en una democracia desvirtuada”.

El análisis corresponde al abogado Abraham Cantillo, miembro del Foro Penal en Lara, quien precisa que ante las reiteradas violaciones a los derechos humanos, Venezuela está en un limbo y en una zona roja, donde la confianza hacia el sistema judicial se ha perdido por la politización de la institución jurídica. Además señala que el ciudadano también debe padecer ante la falta de medicinas y alimentos, lo que también cataloga como delitos de lesa humanidad.

Cantillo precisa que el 2019 inició como uno de los años con más irregularidades en cuanto a derechos se refiere, tomando en cuenta que desde el 23 de enero, fecha en que la oposición convocó a un cabildo abierto hasta la fecha permanecen detenidas 755 personas, entre ellas unos 90 adolescentes con una privativa indirecta de su libertad, a eso le suma el uso de cuerpos de seguridad cuya finalidad no es la del orden
público para reprimir manifes­taciones refiriéndose al FAES.

¿Cómo califica al país en materia de derechos humanos?

Estamos en un limbo, si bien es cierto que existe la carta o la norma para hacer respetar los derechos humanos, esta se usa de forma inconstante porque estamos ante un sistema que pareciera haberse politizado aumentando las violaciones a los DD.HH.

¿Por qué se ha politizado el sistema judicial?

Como Estado se ha cometido un error. El hecho de mantener tér­minos políticos dentro de la justicia es una clara violación de los derechos, porque la justi­cia no debe contemplar ideolo­gías y actualmente pareciera que las leyes se están utilizan­do a conveniencia, es decir, cuando se necesita que alguna situación no sea aclarecida au­tomáticamente se implemen­ta el aparato judicial y se ha visto durante este año con de­
tenciones selectivas.

¿A qué se refiere con detenciones selectivas?

Tenemos al menos cuatro regis­tros en Lara. Esta el caso de Diego Sánchez, de doble nacio­nalidad, que fue revisado por funcionarios de la policía regio­nal y cuadras más adelante de­tenido por Guardias Naciona­les, lo mismo ha pasado en Ca­rora y hay dos casos de jóvenes
de la zona norte que lideraban un cabildo del sector y luego fueron sacados de sus vivien­das por la GNB, esta es una cla­ra violación de los derechos.

¿Hay criminalización de la protesta?

Estamos viviendo una judiciali­zación de la protesta. A nivel nacional hay 755 detenidos y en el caso de Lara entre el 23 de enero hasta el 30, se han dete­nido al menos 32 personas, en­tre ellas 15 adultos. Pero hay al­go que llama la atención y es que pareciera que se está desa­rrollando una formula perfecta, porque en la mayoría de los ca­sos tienen el misma delito. Na­die puede cometer el mismo de­lito, todos los casos están siendo procesados por instiga­ción o asociación para delin­quir, detentación de objetos in­cendiarios y resistencia a la au­toridad que no falla.

¿Qué significa que todos tengan el mismo delito?

Que el Ministerio Público está llegando con un lineamiento es­tablecido. Si bien es cierto que debe tener una información de lo que va a interponer, no debe llegar con una sentencia hecha como especie de una fórmula perfecta. En estos momentos hay un dúo entre el Tribunal y el Ministerio Público, uno se pre­gunta ¿quien está violentando el debido proceso?, los tribuna­les, fiscalías o el estado. De los privados de libertad hay un aproximado de 92 adoles­centes detenidos aunque se di­ga que es una permanencia temporal, allí hay una privativa indirecta.

¿Que explicación hay para que ado­lescentes sean privados de libertad?

Para las organizaciones de los derechos humanos hay una ex­plicación clara y es que esta­mos en el período de más repre­sión en la historia de Venezue­la. Lo más preocupante es que ya no importa si son adolescen­tes o adultos para privarlos di­recta o indirectamente de su li­bertad. Además se está hacien­do uso de funcionarios que no son para el orden público como lo son las FAES.

¿Cómo quedan estos niños que de­ben pasar días lejos de sus casas y en condiciones que no son normales?

Claramente debe haber alguna secuela, porque son adolescen­tes que están pasando una si­tuación que no debería vivir na­die, pero que por lo general puede soportar un adulto, por eso señalamos que es la etapa de mayor represión en Vene­zuela.

¿Por qué ahora el gobierno utiliza las FAES para el orden público?

Las FAES es una fuerza especial para ciertas situaciones. Para las manifestaciones y el orden pública está la Guardia Nacio­nal Bolivariana o en su defecto los policías estadales. En el 2017, durante las manifestacio­nes, entró a “poner orden” el Conás y ahora aparece el FAES. Entonces las organizaciones de derechos humanos y el mismo ciudadano no entiende cual es la función básica de este cuer­po de seguridad. La gran pre­gunta que debe hacerse el go­bierno ¿es necesario un orga­nismo con la finalidad del FAES para estar en las manifestacio­nes? Estos grupos no deben es­tar reprimiendo las manifesta­ciones.

¿Busca el gobierno amilanar el go­bierno el ánimo del ciudadano que ha decidido salir a las calles a manifes­tar el descontento con el gobierno?

La motivación original no la co­nocemos, pero si la intención es causar el miedo o el terror en la gente, de alguna forma se es­tán violentando los derechos humanos. Entre tantas viola­ciones que se han materializa­do en el país, este seria un ar­gumento más.

¿Cómo frenar la viola­ción sistemática de los de­rechos humanos?

El estado debe entender que es una necesidad que se respeten las garantías de los derechos humanos, por­que cuando eso existe el pa­ís crece y se desarrolla, de lo contrario nos encontramos en una democracia desvir­tuada que va a ser cuestio­nada porque el principio bá­sico ha sido vulnerado. Lo que una sociedad necesita es poder convivir en paz, al­go que no está ocurriendo en el país y esto nos trae co­mo consecuencia estar en un limbo.

¿Está la gente en un lim­bo jurídico?

Las violaciones a los dere­chos humanos han sido tan recurrentes que enfermarse en la actualidad es un ries­go porque no se encuentran medicinas o los recintos hospitalarios no cuentan con lo necesario para aten­der las distintas patologías. En el país tenemos situacio­nes difíciles como los casos de pacientes renales que no tienen medicinas. Pero también está el caso de los centros penitenciarios don­de hay problemas de ali­mentación y no podemos dejar de un lado a los traba­jadores que no tienen como sobrevivir ante los bajos sueldos. Estamos en un pa­ís en rojo, donde ir a formu­lar una denuncia es consi­derado como un riesgo por­que la gente no sabe si es beneficioso o perjudicial.

¿Qué opinión merecen las declaraciones de Edi­luh Guedez Ochoa, juez de Yaracuy quien asegura que fue obligada para pro­cesar a menores de edad?

Suena paradójico que un juez permita que esto ocu­rra, cuando conoce la ley y sabe que todas las acciones tendrán consecuencias. El artículo 19 de la Constitu­ción dice que deben garan­tizarse los derechos. Estos jueces pertenecen a la pri­mera fase penal, que es la de control constitucional, es decir, al momento de dar su fallo debe entender que debe actuar dentro del mar­co constitucional, si no exis­te delito no debe haber nin­guna pena. En el caso que se necesite precalificación fiscal debe considerarse la razón.

¿La AN plantea una ley de amnistía, deben estos jueces que han cometido delitos de lesa humanidad recibir la amnistía?

A la larga estos jueces ten­drán responsabilidades pe­nales, porque han cometido delitos de lesa humanidad. Y eso ocurrirá en muchos casos, porque dentro de del Tribunal Supremo de Justi­cia se habla de la imputa­ción genéricas, pero esto es irrelevante porque todas las personas no pueden ser im­putadas por el mismo deli­to, porque se está generan­do un vacío. En esos casas hay una especie de nulidad absoluta.

¿Cómo hacer para no confundir Amnistía con impunidad?

La ley de Amnistía no es perdón sino olvido. En es­tos momentos difíciles para el país hay que buscar la forma de sumar y no restar, pero hay que aclarar que la ley de amnistía no puede o no debe ser aplicada a quie­nes hayan incurrido tratos crueles e inhumanos, por­que no tendría ningún sen­tido. Esta ley puede ser vista de forma positiva, pero no podemos aceptar que sean perdonadas personas que cometieran delitos de lesa humanidad.

¿Cómo recuperar el res­peto por los DDHH?

El gobierno debe entender que los DDHH no son letra muerta, cada persona tiene derecho a convivir de ma­nera justa. Lamentable­mente Venezuela está en una controversia donde la política se ha inmerso en la aplicación de leyes.

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Eduardo Soteldo

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