Inicio » Nacionales » 45 contra juramentación

45 contra juramentación

Ágatha Reyes | La Prensa de Lara.-  La gobernabilidad de Nicolás Maduro sigue bajo la sombra de la ilegitimidad, pues tanto el Grupo de Lima como la Unión Europea han ratificado el desconocimiento a un nuevo período presidencial del sucesor de Hugo Chávez que inicia hoy al ser juramentado ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no por la Asamblea Nacional como lo establece la Constitución (CRBV).

El argumento que esbozan los 45 países que han manifestado su desconocimiento, es la “ilegalidad” que aseguran hubo en las elecciones del 20 de mayo de 2018, fecha en que fue reelecto Maduro. Y es que días antes a los comicios presidenciales tanto el Grupo de Lima, el parlamento Europeo y EE.UU. aseguraron que en Venezuela se desarrollarían elecciones fuera de los estándares democráticos.

La convocatoria del 20-M fue hecha por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que también ha sido cuestionada desde su origen y no por el Consejo Nacional Electoral como está establecido en la CRBV. Además para dichas elecciones partidos políticos de oposición y dirigentes de las distintas toldas políticas fueron inhabilitados, lo que para la comunidad internacional, Asamblea Nacional y oposición venezolana fue la clara evidencia un “proceso viciado” como señalaron para aquel entonces.

Esa “ilegitimidad” que persigue a Nicolás Maduro también tiene su origen en la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, donde piden a la Interpol se active un “alerta roja” contra el actual presidente, por “corrupción propia y legitimación de capitales en un caso vinculado al escándalo de la constructora brasileña Odebrecht”, según explica el abogado constitucionalista Perkins Rocha.

El jurista explica que desde ese momento existe una “usurpación” en la silla presidencial, que a su juicio pretende ser continuada hoy, al Maduro juramentarse para llevar las riendas del país durante el período 2019-2025.

“Esto pasa porque el TSJ ilegítimo que funciona en el país ha intentado ocultar la realidad jurídica de Nicolás Maduro, quien está usurpando el cargo, pues una vez emitida la sentencia en el TSJ legítimo Maduro debía abandonar el cargo y ser puesto a la orden de la justicia porque se está hablando de casos de corrupción” dice Rocha.

A su juicio, una vez se materialice “la continuidad de usurpación de cargo” el país entrará en un aislamiento que agudizará la crisis política y económica, pues Rocha precisa que “los barcos que transportan crudo, o las transacciones que requieran la rúbrica presidencial no podrán funcionar, porque no habrá un poder reconocido por los países del mundo con quien Venezuela tiene negocios. Las finanzas podrían entrar en una etapa de ilegalidad y el gobierno que ocupa cargos de forma ilegítima tendrá que recurrir al mercado oscuro”, indicó.

Y es que la negativa de reconocimiento por parte de los 45 países, dejaría a Venezuela a las puertas de un colapso definitivo de las finanzas, escenario que el jurista asegura busca el gobierno.

Satrapía legal

“Lo que hay en el país es una satrapía legal, donde el gobierno hace y deshace con la ley, usándola a su conveniencia” dijo el abogado José Zaa, al referirse a la juramentación de Nicolás Maduro para un segundo período presidencial, a pesar de que la forma de su elección está puesta en duda.

Explica que la única intención del gobierno es mantener un control sin importar “quebrantar las leyes que el propio Hugo Chávez, a quien llaman líder de la revolución creó”.

Zaa enumera las irregularidades y toma como punto de partida la convocatoria electoral, además menciona el lugar de juramentación que será ante el TSJ. Allí detiene su análisis y ratifica que la institución para que un presidente sea juramentado es la AN, “este gobierno se encargó de crear la supuesta figura de desacato para intentar silenciar al parlamento nacional, pero ya no pueden mantener esa satrapía porque precisamente el parlamento es el único reconocido por la comunidad internacional”, dijo.

Asegura que ahora el reto de la AN se centra en asumir las obligaciones luego del 10-E, además de llenar el vacío de poder y asumir una presidencia transitoria, donde habrá que enfrentar al gobierno, que a pesar del no reconocimiento nacional e internacional persiste en no abandonar el poder. “El 10-E no es una fecha límite para la recuperación de la institucionalidad, sino que es el inicio de una serie de actividades que deben presionar aun más para una transición”

Compartir en WhatsApp
Eduardo Soteldo

Login

Contraseña perdida?